En un contexto económico de extrema tensión, el Gobierno de la Provincia puso en marcha un razonable paquete de medidas fiscales que busca transformar la relación entre el Estado y el pequeño contribuyente.
En este sentido, el diputado Luna, enfatizó que “el Ejecutivo provincial apuesta a una estrategia que combina el alivio de la carga impositiva con un enfoque de fiscalización racional, marcando una clara distancia de los modelos punitivos tradicionales y de la retórica puramente discursiva”.
Puntualizó que el plan de referencia se apoya en “una serie de incentivos concretos que apuntan directamente al bolsillo del contribuyente” y citó, entre las medidas más destacadas, “la exención de 12 meses en Ingresos Brutos para aquellos que se inscriban de forma espontánea (vigente hasta fines de 2026) y un beneficio histórico del 100% de exención para la industria manufacturera”.
En alusión a los pequeños contribuyentes, comentó que “la simplificación administrativa es la clave” y recordó que “Jujuy adhirió al Sistema Único Tributario (SUT), permitiendo que los monotributistas abonen Ingresos Brutos y Monotributo nacional en un solo trámite”.
El legislador del Frente Jujuy Crece, señaló que “esta reducción de la presión fiscal se realiza mediante instrumentos normativos reales” y destacó que ello “se diferencia de las estrategias de comunicación de otros sectores políticos que carecen de sustento legal y técnico”. “Gobernar no es publicar placas en Instagram al estilo libertario que no se le cae ni una idea”, resaltó.
En otro orden, consideró oportuno subrayar que “la Dirección Provincial de Rentas inició un despliegue sin precedentes en los principales núcleos comerciales de Jujuy” y refirió a los operativos en predios feriales de gran envergadura, tales como “La Saladita”, Cooperativa Frutihortícola, feria “20 de Junio”, “Copacabana” y “Big Mall” en San Salvador, Perico y Monterrico. “El enfoque de estos procedimientos no es la clausura inmediata”, advirtió y explicó que “bajo la premisa de que el objetivo es estimular la formalización y no castigar al informal”.
Tras puntualizar que “los inspectores realizan relevamientos, colocan obleas identificatorias y notifican plazos para la regularización”, recalcó que “el objetivo es garantizar la competencia leal y proteger a quienes cumplen”.
